Iván Carrino considera que todo tipo de drogas deberían ser legalizadas porque prohibirlas constituye una intromisión en las decisiones soberanas del individuo, genera un despilfarro de recursos y violencia generalizada.
El presente post fue preparado a los efectos de un debate sobre el tema que tuvo lugar el 11 de mayo de 2021 En este presento tres argumentos en favor de la legalización de las drogas basados en, por un lado, la visión de destacados referentes del pensamiento liberal y, por el otro, de datos estadísticos que muestran el fracaso de la llamada “Guerra contra las Drogas”.
El debate completo puede verse aquí:
¿Por qué se deben legalizar todas las drogas de uso recreativo? En una sola frase, porque el estado no tiene nada qué hacer metiéndose en las decisiones soberanas de cada individuo.
El gobierno, si tiene un rol en la sociedad, es el de defender los derechos individuales que, siguiendo la tradición de liberalismo clásico, son el derecho a la propiedad, a la vida y a la búsqueda de la felicidad. En este último punto, cada uno tiene derecho a dicha búsqueda como crea mejor, juzgando desde su propio punto personal, siempre y cuando no afecte este derecho para terceros.
No somos muy originales al platear este tema. Ludwig von Mises sostuvo en sus conferencias en Buenos Aires que, “la libertad significa la libertad de cometer errores”, y que la idea de un gobierno como figura paternal que protege a los individuos del daño que puedan infligirse a ellos mismos es “la idea de aquellos que favorecen el socialismo”.
Por último, advertía del peligro de dejar en manos de los gobiernos la decisión sobre qué es y qué no es peligroso para cada uno:
“Si se le otorga al gobierno el derecho a determinar el consumo del cuerpo humano, determinar si uno debiera fumar o no fumar, beber o no beber, no hay buenas respuestas que puedan darse a la gente que diga: ‘Más importante que el cuerpo es la mente y el alma, y el hombre se perjudica mucho más leyendo malos libros, escuchando fea música y mirando malas películas. Por lo tanto, es el deber del gobierno impedir a la gente cometer estas faltas’.”
Además, en 2017 murieron 8,1 millones de personas por tabaquismo como factor de riesgo para su salud y 2,8 por ingesta de alcohol. Siguiendo la lógica de que el gobierno debería prohibir sustancias potencialmente dañinas para la salud, entonces, ¿por qué no prohibir el alcohol y los cigarrillos que, hoy en día, son productos enteramente legales?
Gráfico 1. Muertes por alcohol, tabaco y drogas en el mundo en 2017.
Fuente: Ourworldindata.org
El psiquiatra Thomas Szasz (1992) argumentó también en favor de la legalización de las drogas por considerar que “El derecho a mascar o fumar una planta que crece silvestre en la naturaleza es previo y más básico que el derecho a votar”, y que “Un gobierno limitado, como el de Estados Unidos, carece de legitimidad política para privar a adultos competentes del derecho a utilizar las substancias que elijan, fueren cuales fueren”.
Para cerrar esta sección, es interesante notar que es el espíritu de todas estas reflexiones el que inspira nada menos que el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, cuando reza que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Las sustancias químicas que llamamos drogas, como la marihuana, la cocaína, la heroína y otras deben ser legales como cualquier otro producto. En la medida que no constituyan un daño a terceros, solo los individuos libres deben decidir sobre los riesgos en que quieran incurrir. Si dicha conducta le parece inadecuada a un tercero a un grupo de ellos, éstos son libres de intentar persuadirlo mediante campañas antidroga, o cualquier medio que no invada la libertad del consumidor. Pero en ningún caso es compatible con un orden social liberal demandar al estado que intervenga y persiga estas conductas.
Despilfarro de recursos
Otra forma de ver el despilfarro es considerar la atención que los servicios de seguridad le dan a la cuestión de las drogas cuando podrían estar ocupándose de otros asuntos más relevantes y pertinentes a su verdadera función. Según Coyne y Hall, en 1980 hubo 580.900 personas arrestadas en Estados Unidos con cargos relacionados con la droga. En 2014, este número había subido a 1,56 millones, un aumento del 168% en un período en que la población total del país subió solo 40%. Agregan los autores que casi la mitad de los 186.000 individuos que cumplen condenas en las cárceles estadounidenses enfrentan cargos relacionados con la droga.
En Argentina ocurre algo similar. García Gorostidi (2021) comenta que “Según datos de la Procuraduría en Narcocriminalidad (PROCUNAR) el 45% de las causas iniciadas por estupefacientes están ligadas a la tenencia de drogas[1] (…) Esto es de especial importancia en Argentina, donde la violencia y la inseguridad crecen a diario y se continúan utilizando recursos estatales para perseguir a simples consumidores colapsando, aún más de lo que están, a los juzgados y al sistema penitenciario y dejando vulnerables a las víctimas de crímenes violentos”.
¿A la luz de estos datos, no sería mejor dedicar todos estos recursos (monetarios, pero también humanos y de infraestructura) a perseguir a verdaderos delincuentes que se levantan todos los días pensando qué negocio van a arrebatar, qué automóvil van a robar, o a qué individuo le quitarán la vida?[2]
Reducir la violencia y el crimen
El último punto para hacer es que la prohibición de las drogas no solo no reduce el consumo de un bien que tiene una demanda y una oferta en el mercado, sino que genera un grave problema adicional. En este caso, la organización de mafias, el crimen organizado y la violencia generalizada.
Coyne y Hall (2017) explican que “cuando las drogas son ilegales, los usuarios no pueden encontrar canales legales para resolver disputas o buscar protección para sus transacciones comerciales (…) y deben resolver sus propios problemas lo que implica, en ocasiones, el uso de la violencia.”
Otra fuente de violencia es que, dado que cualquier individuo que participe del negocio de la droga ya está cometiendo un delito, el costo marginal de un nuevo delito (como robar o matar) es más bajo que el de aquel que nunca participó de ninguna actividad ilícita. De ser legal el tráfico y consumo de drogas, involucrarse en él no implicaría automáticamente transformarse en delincuente y, por tanto, subiría el costo marginal de cometer cualquier delito. Coyne y Hall citan numerosos estudios empíricos que muestran cómo la ilegalidad termina generando mayor violencia criminal y muerte en los Estados Unidos.
Estos datos han llevado a la creación de la Comisión Global de Políticas de Drogas[3], fundada por un grupo de expresidentes y otros influyentes intelectuales cuyo objetivo es forjar un cambio en las políticas antidrogas en todo el planeta.
Sobre el caso de la violencia generada, uno de sus miembros sostiene que “No podemos ignorar por más tiempo hasta qué punto la violencia, el crimen y la corrupción relacionados con las drogas en América Latina son los resultados de las fallidas políticas de guerra a las drogas”.
Conclusión
Hasta aquí hemos expuesto tres argumentos por los cuales todas las drogas deberían legalizarse tanto en su consumo como en su producción y distribución.
La prohibición es una intromisión del gobierno en la libertad individual de los adultos competentes y debe ser rechazada desde el punto de vista de la libertad y la responsabilidad personal. Esto no quita, claro, que se establezcan penas mayores para lesiones al derecho de terceros de realizarse bajo las influencias de alguna sustancia de este tipo.
Por otro lado, el despilfarro de recursos que implica es descomunal, pudiendo éstos aplicarse a mejores fines, como perseguir verdaderos delincuentes o incluso reducir impuestos y devolver los recursos utilizados a sus legítimos dueños: los contribuyentes. Por último, la prohibición de las drogas, como lo fue la prohibición del alcohol en su momento, es la gran responsable de la violencia que rodea al negocio del narcotráfico.
Legalizar el consumo, la producción y distribución de las drogas incrementaría nuestros niveles de libertad personal, reduciría o haría más eficiente el gasto público y, por último, reduciría los niveles de muerte y violencia que tanto preocupan a nuestras sociedades.
Referencias:
[1] El propio reporte de Narcocriminalidad cataloga estos delitos como “DELITOS MENORES (TENENCIA simple o para consumo personal, indicados en el Art. 14 de la Ley 23.737).”. En nota al pie de su edición 2016, aclaran que “Si excluimos del conjunto de causas aquellas que se iniciaron en las jurisdicciones que implementaron la Ley de Desfederalización, la proporción de delitos menores asciende a 53% (39% por tenencia para consumo personal y 14% por tenencia simple)”. Informe disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procunar/files/2016/10/Informe-estad%C3%ADstico-sobre-Narcocriminalidad-2016.pdf
[2] Otros dos estudios son interesantes al respecto. Rydell y Everingham (1994) encuentran que, a los efectos de reducir el consumo de cocaína, la forma más costo-efectiva es la de gastar en programas de tratamiento a usuarios graves ya que para reducir en una misma proporción el consumo se gastan solo USD 34 millones, mientras que el gasto en políticas para controlar la oferta oscila entre 246 millones y 783 millones. Es decir que el programa de control de oferta más barato es 7,3 veces más caro que el que se enfoca en tratar a los adictos y reducir la demanda. Por otro lado, Miron (2018a), sostiene que la legalización de las drogas podría generar un retorno fiscal de USD 106.700 millones al año producto de la reducción del gasto en perseguir traficantes y el aumento de la recaudación que provendría de cobrarles impuestos a los estupefacientes ahora legalizados.
[3] Comunicado oficial de la Comisión Global de Políticas de Drogas, disponible en: Microsoft Word – Global Commission on Drug Policy_press release_Spanish.docx (globalcommissionondrugs.org)
LES RUEGO SU OPINIÓN
