Luego de haber sido candidato a la
presidencia de Ecuador en las elecciones de 2013 y 2017, en agosto de 2020
anunció Guillermo Lasso su candidatura a la presidencia de Ecuador en las
elecciones de 2021.
Promoviéndose como un hombre de mucha
experiencia y listo a resolver todos los problemas en menos de los 100 días.
Juramentos, firmas, ofrecimientos formales y un gran amor por sus aliados
políticos; unido al gran fallutely de la política de este país, Durán Barba, y
que fue el asesor que trajo la desgracia al gobierno de Macri, hundiendo así al
pueblo argentino. Presentó la novedad de destacarlo con su mercadeo como el ser
diferente que usaba zapatitos rojos.
Hubo muchos que le creyeron, por la presencia de Jaime
Nebot; y otros que votamos por él porque cualquier cosa era mejor que el correísmo
que saqueo el país.
Debido a que ningún binomio logró ser
elegido en primera vuelta, el 11 de abril se realizó un balotaje en el
que Guillermo Lasso, candidato de la alianza entre
el Movimiento CREO y el Partido Social
Cristiano, ganó la contienda con el 52,36% de los votos contra Andrés Arauz, candidato de
la coalición UNES, quien obtuvo el 47,64%.
El proceso preelectoral y de
preparación para las elecciones inició a finales del 2019, etapa en la cual
el Consejo Nacional Electoral estudio
y realizo el presupuesto para los comicios, determino los montos, costos y
requisitos de los candidatos, determinación de los partidos habilitados para
participar y establecer las fechas de las elecciones. (El mismo, el CNJ, que
con alguna honrosa excepción es lo más podrido que ha existido).
Deducimos ahora que este nefasto grupo
que era guiado por correa y su amo masburro de Venezuela, procedieron según
ordenaba su patrono y el 31 de octubre de 2019, el CNE eliminó del registro
electoral al Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7, ex PRIAN, del
empresario y excandidato presidencial Álvaro Noboa por
no cumplir con los requisitos para su existencia, siendo estos supuestamente no
alcanzar el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales
consecutivas a escala nacional, o al menos tres representantes a la Asamblea
Nacional, ni el 8% de alcaldías, así como tampoco un concejal o concejala en
cada uno de, por lo menos, el 10% de los cantones del país.
El mismo día, el CNE anunció la
terminación de los contratos provisionales de 570 empleados de la institución
por falta de presupuesto, creando una crisis en la institución poniendo en
riesgo la correcta realización de los comicios de 2021.
El Código de la “Democracia” el 4 de
diciembre de 2019, fue enmendado por la Asamblea Nacional que aprobó varias
reformas a él, entre las cuales se encuentran:
Se prohíbe la votación entre listas. La
votación en plancha obligatoria derogó el resultado de la pregunta 6 del Referéndum de
Ecuador de 1997.
El cambio del método D'Hondt al método Webster para
la asignación de escaños de asambleístas, parlamentarios andinos, consejeros
provinciales, concejales cantonales y vocales de juntas parroquiales y el cambio
a votación por listas cerradas o voto en plancha, no por candidato.
Los sujetos políticos que alcancen
menos del 4% en dos elecciones seguidas deberán devolver el 50% del fondo de
promoción electoral recibido.
Los dignatarios que postulen a la
reelección deben tomar licencia sin sueldo. Si postulan a otro cargo, deben
renunciar antes de inscribirse.
Los binomios presidenciales deberán
ser conformados obligatoriamente entre un hombre y una mujer a partir de las
elecciones presidenciales del 2025.
Paridad y alternabilidad de género en
las cabezas de listas para las elecciones pluripersonales, debiendo encabezar
una mujer el 50% de las listas y un 25% de jóvenes.
Mayores regulaciones al financiamiento
y control de los fondos electorales, bancarización de los recursos de los
partidos políticos, creación de sistemas contables que deben llevar las
organizaciones políticas y de interconexión entre Fiscalía, Contraloría, Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para monitorear los recursos. Me
suena todo a que hubo un denominado chino y su maleteros también metidos.
Aunque quedó corto el Caso Sobornos
2012-2016, el 3 de enero de 2020, la jueza Daniela Camacho llamó a juicio a 21
de los 24 acusados en el Caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho,
incluyendo al expresidente Rafael Correa Delgado, junto con varios de sus
excolaboradores y exmiembros del gabinete, entre ellos Alexis Mera, María de los
Ángeles Duarte y la asambleísta Viviana Bonilla.
Al haber sido declarados culpables en primera instancia y siendo ratificada la
sentencia en las instancias de apelación y casación, están inhabilitados de
participar en las elecciones de 2021, como lo dictan el artículo 113 de la
constitución y el 233, así como lo establecido por la pregunta 1 de la consulta popular
de 2018.
La Contraloría General del Estado emitió
(sí el mismo) un informe preliminar en el que recomienda al CNE que invalidara
el registro de 4 de las 24 organizaciones políticas nacionales: Los movimientos
Fuerza ¡Compromiso Social! (5); Libertad es Pueblo (9); Justicia Social (11) y
Juntos Podemos (33).
La Contraloría determinó que los
cuatro movimientos no cumplen con el 1,5% de afiliados, que estipula como
requisito el artículo 109 de la Constitución para ser legalizados, de acuerdo
con el padrón del último proceso electoral.
La recomendación forma parte de un
borrador de examen especial que se encuentra en su etapa de descargo. La
Contraloría, en agosto de 2019, ordenó el inicio de un proceso de control a los
sistemas informáticos, infraestructura tecnológica, así como al registro y
extinción de organizaciones políticas, entre el 1 de febrero del 2013 y el 31
de agosto de 2018.
El CNE deberá obligatoriamente acoger
la decisión, tras lo cual los correístas agrupados en Fuerza Compromiso Social presentaron una
denuncia en la Defensoría del Pueblo.
El 16 de septiembre de 2020, el CNE
ratificó la eliminación de los cuatro movimientos políticos del registro
electoral, impidiendo así su participación en los comicios del 2021. Y de esa
manera, muchos gruñimos, pero el pueblo creyó más al seudo banquero.
Un buen gobierno debe tener una ruta
definida de desarrollo, ser eficaz, honesto y austero. Tiene que dar confianza
a su pueblo, tener capacidad de negociación política y herramientas claras y
transparentes para ejecutar sus programas en forma ágil, simple y profesional.
Un buen gobierno debe ser competitivo
y estratégico, con capacidad de invertir eficientemente sus recursos y con
poder de cambio e innovación con visión hacia el futuro y con responsabilidades
compartidas entre los ciudadanos y la administración.
Este gobierno tiene pocos de los
atributos necesarios para lograr buenos resultados. Nuestro gobierno es solo
una tercera parte del sector público, con una carga de actividades en continuo
crecimiento, donde se ha perdido el control y donde la atomicidad de más de 300
instituciones y miles de leyes y reglamentos está paralizando el desarrollo.
Evidenciados con aturdimiento saber de
su propia boca de Guillermo Lasso que había pactado, personalmente, desde su
casa negociando con el detestado sitema izquierdista de correa. ¡Nadie creía
que se había dado!
Luego lo demás está en la historia
orwelliana, salió un Cesar amargado que asumió el papel “et tu Brutus” y trajo una gran debacle instantáneo.
Hemos creado un sector público
gigantesco, con una deuda que se ha duplicado en los últimos y cuyo
costo lo tendremos que pagar irreversiblemente.
Nuestra realidad es la de un gobierno
sin capacidad de negociación política con la Asamblea Legislativa para buscar
medidas correctivas a los disparadores del gasto público, que ha generado una
falta de confianza en el sector privado y financiero, al no encontrar
soluciones a los apremiantes problemas estructurales de nuestra economía.
Hoy, más de 1.000.000 ecuatorianos
buscan trabajo, pero, debido a la carencia de capacidades desarrolladas, hay
una disparidad preocupante entre la oferta y la demanda. Esta situación
significa mayor desempleo y una informalidad que aumenta año con año, hasta
situarse en un 48%.
Debemos hacer importantes y fuertes cambios
en nuestro modelo de Estado para romper con las apatías culturales, económicas,
administrativas y políticas. Que hoy se han vuelto los mandantes por el
narcotráfico que se ha tornado en un grotesco baile de rabos de paja ¡Incluso
que se amnistían rompiendo la ley!
¿Seguir con un Estado que es
fundamentalmente sostenido por deleznables bases de mentiras y doble discursos?
Muriendo miles de ciudadanos por deslaves continuos que ya habían sido previstos.
Para muestra la via Molleturo para llegar en menos tiempo a Cuenca; la Santo
Domingo- Alóag etc.… etc.…
La inoperancia, la tramitomanía y la
ineficiencia en la gestión encarece todas las obras hasta tantas veces cómo le
plazca al corrupto de turno, en relación con el costo original proyectado.
Es importante que, en paralelo con el grave
problema fiscal, analicemos cómo un país con pocos habitantes tiene 18 ministerios
y órganos adscritos, instituciones autónomas, empresas públicas, entes públicos
no estatales, instituciones semiautónomas, universidades públicas si poder dar
cupos, municipios, empresas municipales, decenas de consejos de distrito y
otras figuras muy creativas que han inventado.
Definitivamente, estamos ante una gran
cantidad de instituciones con una estructura rígida, costosa, poco eficiente,
con múltiples funciones duplicadas y que en su gran mayoría no cumplen sus
labores estratégicas para el nuevo modelo de desarrollo, que exige la
globalización y una sociedad incluyente.
Lo peor de este Estado automatizado es
la duplicación y la falta de gobernabilidad.
Extraña forma de administrar. ¿Podrán
los ministros establecer prioridades? ¿Qué pasará con los intereses
particulares de cada gremio?
Aparte del problema de una estructura
administrativa compleja, está el aspecto de costos porque cada uno de estos
cientos de instituciones debe tener departamento legal, archivo, planificación,
proveeduría, presupuesto, cómputo, recursos humanos, archivo, prensa, auditoría
y servicios generales.
Con centenas de edificios alquilados o
embargados a lo largo y ancho de se duplican los gastos de seguridad,
recepción, mantenimiento y áreas comunes.
Con el agravante de la pérdida de
tiempo para los ciudadanos que tienen que estar trasladándose por todo el país.
Por lo tanto, hay una multiplicación y
duplicación de puestos, costos operativos crecientes, alquileres, inversiones y
servicios duplicados con una estructura compleja que afecta la competitividad
del país y las finanzas públicas.
¿Quién gobierna una institución tan importante como la policía? ¿Cómo se puede agilizar una institución que recibe
miles de expedientes todos los años y no cuenta con los recursos humanos y
físicos necesarios? ¿A qué horas se van a analizar todos los planes reguladores
de las decenas de municipalidades?
¿Acaso saldremos de este embrollo con
soluciones fáciles o decretos donde un presidente de la República firma lo que
están paralizando una obra vial de millones de dólares y de alta prioridad?
Debemos buscar soluciones integrales
para no seguir en este viacrucis. Esta maraña de leyes y decretos tiene
paralizados el desarrollo, el empleo y la inversión.
Nada hacemos con hablar de Banca para
el Desarrollo y apoyo a las pymes si no cambiamos esta complejidad de trámites
que, al final, significa más papeles, más burocracia y más corrupción.
Competitividad. Nuestra
competitividad depende, en gran parte, de que tengamos un Estado con una
estructura organizativa que nos permita mayor gobernabilidad.
Como podemos mejorar nuestra competitividad
sin construir infraestructuras, lograr estabilidad macroeconómica, buena salud,
una educación de calidad y pertinente, un mercado laboral flexible y eficiente
e innovación.
Nuestro mayor reto para volver a soñar
con un crecimiento inclusivo es hacer esa transformación en nuestro Estado para
conseguir que nos cueste menos y que sea más eficiente.
Una muerte cruzada es matar la poca
gente que sobrevive y que no haya feudos.
La productividad nos reclama fusionar
y cerrar instituciones que ya no son operativas. Deberemos ser muy selectivos
al escoger los directivos de todas las instituciones.
Todos los puestos deben ser ejercidos
por personas idóneas con experiencia, aptitud, honestidad y capacidad para que
cuiden que los recursos de cada institución y que vigilen los costos operativos
de cada institución de acuerdo con las realidades financieras del país.
