Comisión contra la Corrupción / Mauricio Gándara Gallegos Mauricio Gándara Gallegos

COLUMNISTAS Comisión contra la Corrupción Mauricio Gándara Gallegos 15 de diciembre, 2021 - 00h05 El presidente de la República, seguramente con la más alta intención, en el Día Internacional contra la Corrupción, anunció que realizará una consulta ciudadana sobre la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción integrada por autoridades institucionales. Después de la consulta, a realizarse entre enero y marzo próximos, el Gobierno lanzaría el documento final de la política pública anticorrupción. La Función Ejecutiva ha considerado invitar a las otras funciones del Estado. Así, la Comisión estaría integrada por los titulares de la Presidencia, Asamblea, funciones Judicial, Electoral y de Transparencia, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades, Consorcio de Gobiernos Provinciales, y observadores. El presidente ha formulado ya su consulta, y contestándola, decimos que puede verse frustrada, y, si es así, la frustración sería general. Por principio, esta es una tarea que le corresponde a la ciudadanía, que es la que debe fiscalizar al poder público; los organismos que integrarían esta Comisión son los que deben rendir cuentas. Más grave todavía, los organismos que integrarían esta Comisión están o han estado en los últimos tiempos envueltos en escandalosos actos de corrupción. Creo que no estarían en condición moral de lanzar la primera piedra y fiscalizar. Si llegaren a reunirse, la confusión sería mayor que la de la bíblica torre de Babel, se acusarían o se encubrirían recíprocamente. El escándalo de los narcogenerales prueba que hay que trabajar discretamente. Lo eficaz sería pedir a las Naciones Unidas, la ONU, designar una Comisión similar a la que conformó para Guatemala, integrada por gentes especializadas, con plenos poderes y acceso a toda la información que requiera y que no conozcan a nadie en el Ecuador. Esa Comisión actuó con tanta firmeza, que el propio presidente de esa República pidió que se vaya, porque estaba detectando las corruptelas del círculo gobernante. Si la memoria no me engaña, este fue un compromiso de campaña del presidente Lasso. El presidente debería reclamar a sus colaboradores por haberse apropiado del nombre de la Comisión Anticorrupción integrada por personajes símbolo como Julio César Trujillo, Simón Espinosa, Isabel Robalino, y otros valiosos ciudadanos, como los coordinadores Jorge Rodríguez y Germán Rodas. ¡Recordemos que los miembros de la Comisión fueron condenados a prisión por demanda del contralor Pólit, hoy prófugo! Esta Comisión fue creada por las organizaciones sociales, no por el poder. En la malhadada Constitución de Montecristi se creó la Función de Transparencia, integrada por el Consejo de Participación, el contralor, el defensor del Pueblo, los superintendentes, casi todos prófugos o presos. Y como esta Función de Transparencia consta en la Constitución, se alegará que un Decreto Ejecutivo no puede modificarla, ni siquiera una ley. Por supuesto que no cumplió su función. Si la Presidencia de la República solicita a las Naciones Unidas enviar una Comisión como la de Guatemala, y se apoya a la Comisión Anticorrupción existente, habremos avanzado muchísimo. Bajo la Constitución de Montecristi, toda acción anticorrupción está trabada. (O)